La decisión fue tomada el 6 de agosto, con el aval del fiscal de Delitos Juveniles y a pedido del defensor del Niño y el Adolescente.

El caso tomó trascendencia en febrero, cuando el joven denunció los apremios ilegales que padeció en la comisaría de Rincón de los Sauces.

En ese entonces la jueza penal del Niño y el Adolescente, Carolina García, hizo lugar a un hábeas corpus y le ordenó al jefe de la comisaría 35 de la ciudad petrolera que su personal no podía detener ni hostigar al denunciante, que por entonces tenía 17 años.

También inició una investigación penal de los apremios, y a fines de abril la fiscal Gloria Lucero formalizó la acusación contra dos policías: Julio Arrain y César Cruz, que fueron imputados por las lesiones y vejámenes que sufrió el adolescente el 28 de enero en la comisaría de Rincón.

De acuerdo con la acusación que realizó la fiscalía, ese día los policías obligaron a la víctima a bajarse los pantalones y el calzoncillo, le impusieron que hiciera flexiones de piernas y le provocaron desgarros en el ano con una escopeta.

El menor de edad había sido detenido en el contexto de una investigación por un robo que aparentemente fue cometido por un adulto. Al parecer sospechaban que había actuado como encubridor.

El miércoles 6 de agosto se supo que el adolescente fue nuevamente hostigado por la policía. Por ese motivo se presentó en la fiscalía general a formular la denuncia, e informó que debido a la gravedad del hecho se tuvo que mudar de la ciudad "por el temor que le provoca el accionar policial", dijo el defensor oficial López.

Hubo una nueva audiencia, y la jueza García resolvió ampliar por dos meses el hábeas corpus preventivo.

Además, el abogado defensor pidió que se envíen copias del expediente a la fiscalía de turno para que se investigue "la posible comisión de un delito de acción pública por parte del personal policial, por no cumplir con el mandato del hábeas corpus oportunamente dictado por la jueza".

Según informó la oficina de prensa de la defensoría, el planteo de López fue secundado por el fiscal Martín. La jueza García hizo lugar y amplió por dos meses la vigencia del hábeas corpus preventivo. (Río Negro).