El senador nacional por la provincia del Neuquén, Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino) no firmó el dictamen del proyecto de Ley Federal de Hidrocarburos presentado por el Ejecutivo y anticipó que votará en contra cuando se trate en el recinto la próxima semana. “Este es un proyecto que los gobernadores firmaron bajo fuerte presión”, afirmó.

El neuquino preside la Comisión de Minería, Energía y Combustibles que desde el 30 de septiembre participó del plenario ad hoc para el tratamiento del tema, junto con la de Asuntos Constitucionales, a cargo del también neuquino Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria), y la de Hacienda y Presupuesto, con Aníbal Fernández (Frente para la Victoria) como titular.

Allí, el referente de los trabajadores petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa planteó algunos cambios al texto enviado por el Ejecutivo, principalmente relacionados con la potestad de las provincias como Autoridad de Aplicación respecto de las concesiones y las prórrogas, y con el cálculo de las regalías referenciado en los valores internacionales que paga el Estado nacional, entre otros aspectos.

“En relación con el artículo 35, respecto de la renovación o prórroga habíamos propuesto que no sea ilimitada, sino que que se prorrogara de no mediar mejor oferta. Que no sea en forma automática otorga más y mejor transparencia", explicó.

Sin embargo y a pesar del compromiso asumido el 30 de septiembre por los legisladores del FPV, hoy no se pudo plasmar ninguna modificación y Pereyra había adelantado que no votaría el proyecto "a libro cerrado".

“Hay errores hasta en la redacción, y en la ortografía. El apuro ha hecho que ocurran estas cosas”, dijo, y advirtió: “No tenemos que tener apuro para tratar una ley que debe sostenerse en el tiempo, frente a un nuevo paradigma de los hidrocarburos no convencionales. Tenemos que tener un marco legal previsible, serio, responsable”.

Pereyra proponía además que la regalía mensual del 12 por ciento de los volúmenes extraídos y efectivamente aprovechados fuera calculada en base al convenio marco firmado entre la Argentina y Bolivia; o en su defecto de acuerdo con el precio internacional regional que abona el Estado nacional para su importación.

Por último, establecía un piso del 2,5 por ciento de aportes de los proyectos de inversión a ser destinado a obras de infraestructura en las provincias productoras; y que los valores de canon que debían pagar las empresas pudieran ser actualizados de acuerdo con la variación de los valores del salario mínimo, vital y móvil.

“Pretendía darle mayor seguridad a las provincias. Ya tenemos la experiencia de el acuerdo con Chevron, con esos mil millones para infraestructura en Añelo que no aparecen nunca”, aseguró.

En cuanto a la postura adoptada por el gobernador neuquino Jorge Sapag, evaluó que “en toda negociación, cuando no se puede avanzar más hay que firmar o retirarse, y el gobernador ha optado por firmar. Pero no lo voy a cuestionar, porque él es el titular del Poder Ejecutivo”.
Pero aclaró que los diputados nacionales Inés Villar y Adrián San Martín le adelantaron que votarán negativamente. “Hay temas delicados que avanzan sobre las autonomías provinciales y sobre la Ley Corta”.

Consideró que por más que se sancione “es una ley muy débil. Las autoridades nacionales hablan de mi millones por año, pero necesitamos 20 mil millones por año si queremos llegar al autoabastecimiento”.

“No están dadas las condiciones macroeconómicas ni las condiciones políticas, que son muy importantes -aseguró-. Hay una brecha cambiaria del 92 por ciento; las empresas ingresan su dólar y se llevan monedas, la relación con Estados Unidos es cada vez más tensa. Así nos terminará pasando como con Chevron, que puso las condiciones para invertir y resignamos soberanía”, finalizó.