El senador nacional Guillermo Pereyra, jefe del Movimiento Popular Neuquino y presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, defendió el acuerdo de la Casa Rosada con Repsol por la expropiación de YPF y aseguró que “abre las puertas a las inversiones” de nuevas empresas en Argentina.

“Abre las puertas a las inversiones. De otra manera no podría haber sido posible”, afirmó Pereyra y señaló que sin este “convenio amistoso” con la petrolera española el país tendría que afrontar “más de 320 juicios internacionales en el CIADI”.

Por este motivo, el senador neuquino subrayó que el acuerdo permite dar “un paso importantísimo” de cara al “autoabastecimiento energético”: “tenemos la gran oportunidad de transformar la energía en nuestro país”, dijo.

El líder del gremio de los trabajadores petroleros privados y hombre de la CGT opositora también fue muy duro con Repsol. “No hubo reposición de reservas. Lo que hubo fue vaciamiento”, apuntó.

Cabe recordar que en la sesión del miércoles 26 de marzo, el Senado de la Nación aprobó el acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF

La iniciativa fue aprobada por 42 votos a favor y 18 en contra, además de ocho abstenciones, unos 15 minutos antes de la una de la mañana, tras un debate de más de once horas del que participaron cuarenta oradores.

El acuerdo obtuvo el respaldo de los senadores del Frente para la Victoria, de sus aliados, de los dos representantes del Movimiento Popular Neuquino y del senador por el peronismo pampeano, Carlos Verna.

En tanto, el radicalismo y el interbloque FAP-UNEN resolvieron rechazar la iniciativa; mientras que el peronismo federal y el PRO se abstuvieron.

Ahora, el proyecto deberá ser debatido y aprobado por la Cámara de Diputados antes del 1 de mayo, de acuerdo con el convenio al que arribaron argentinos y españoles.

El entendimiento entre el gobierno argentino y el Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas a partir de fines de noviembre pasado, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.

El acuerdo contempla una compensación de 5.000 millones de dólares en títulos públicos "por la expropiación" del 51% del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio. (Télam / Parlamentario).