El miércoles 1 de julio las cámaras empresarias, gobierno y el sindicato que conduce Guillermo Pereyra llegaron a un acuerdo y suspendieron el paro que amenazaba el suministro de gas a los grandes centros de consumo del país.

Según el acuerdo conseguido en Buenos Aires, El gobernador Jorge Sapag y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, acordaron en la Casa Rosada solicitar a las partes involucradas en el conflicto petrolero un plazo de 15 días para buscar una solución definitiva a la crítica situación.

Entre otras medidas, se analizó cómo optimizar la puesta en marcha de equipos de perforación y la posibilidad de mejorar el valor de boca de pozo del gas y el petróleo.

Según informó el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén, Guillermo Pereyra, los trabajadores que están en el preventivo de crisis, es decir suspendidos, cobrarán en el próximo salario una vianda más y el “adicional de torre”, lo que equivale a más de dos mil pesos sin descuento, por lo que recibirán sueldos de entre 3 mil y 6 mil pesos.

Asimismo, las operadoras deberán pagar el aumento de 2 mil pesos por única vez a cuenta de futuros incrementos en paritarias para todos los trabajadores del sector que determinó la cartera laboral de la Nación, y que fue rechazado por la cámara de empresas de servicios especiales, CEOPE.

Pereyra informó que las operadoras se comprometieron también a reactivar los otros diez equipos petroleros que se habían acordado en la conciliación obligatoria anterior; “cinco se pondrán en marcha de inmediato”, dijo.

Según trascendió, de esos diez equipos cinco corresponden a YPF, y los otros a la Provincia de Neuquén, la empresa estatal nacional Enarsa y a otras operadoras.

“Vamos a esperar sólo 15 días más para que cumplan con lo acordado, porque estamos al borde de la explosión social”, dijo Pereyra. Y añadió que si la CEOPE, tal como amenazó, ratifica despidos, el gremio tomará cartas en el asunto.

Cabe recordar que los petroleros estaban en la calle de las ciudades petroleras de la región, listos para salir a cortar los suministros de petróleo y gas, según dijeron. Pero el pacto del miércoles 1 de julio, uno de los tantos que ya se han hecho desde abril, frenó las medidas de fuerza.

Los trabajadores que llevan casi dos meses en sus hogares con un plan de carga laboral reducida, cobraban antes del conflicto alrededor de 8.000 pesos y pasaron a percibir poco más de 3.000. Con el nuevo convenio, superarán los 4.000 pesos.

El objetivo del sindicato de que los equipos de perforación salgan a los yacimientos no se ha conseguido todavía pero las negociaciones no terminaron. “Conseguimos llevarles tranquilidad a los compañeros pero la recesión debe terminar. Las empresas deben salir a perforar", aseguraron fuentes sindicales.

Por último, Pereyra señaló que las empresas se tomarán 30 días para negociar junto a la Nación y las provincias nuevos esquemas de precios para los hidrocarburos. En este sentido, trascendió que desde la Nación se está preparando un nuevo programa denominado Petróleo Plus II que consistiría en una serie de incentivos para aquellas firmas que incrementen sus reservas y sus niveles de producción.