Como se recordará, a fines de octubre de 2009, la entonces presidente del Concejo Deliberante, Lidia Anaya presentó una denuncia en la fiscalía del Juzgado Multifueros en donde manifestaba que había unos 68 expedientes que faltan al procedimiento administrativo y presumía que había “malversación de fondos públicos”.

Estas denuncias están siendo investigadas por la fiscal Soledad Rangone quien las enmarcó en la figura de “abuso de autoridad” y le aplica el artículo 248 del Código Penal, que cuenta con una pena que oscila entre los 6 meses y los dos años, más la inhabilitación para ser funcionario público.

“La investigación se basa en una presentación hecha por los concejales y la fiscalía lo enmarca en esa figura”, dijo Rangone, quien aclaró que “el haber omitido el presentar documentación en tiempo y forma, según lo que establece la Carta Orgánica y las reglamentaciones vigentes, es un hecho para hacer un requerimiento de instrucción. Si yo estoy llevando a hacer un requerimiento de instrucción o elevando a juicio a una persona que se hurta una bicicleta, si me parece que es grave cuando se trata de funcionarios públicos que no cumplen con las normas”, indicó.

Rangone también aclaró que el requerimiento de instrucción es mas amplio que presentar el presupuesto anual en tiempo y forma y “también se le imputa haber omitido el presentar balances, haber omitido presentar informes, incluso hubo resoluciones por unanimidad por parte del concejo que lo consideraban una falta grave, entonces ellos vieron un conjunto de cosas, me parece que es lo justo que rinda cuentas y haga su descargo como corresponde. Por ahí hace una defensa correcta y está justificado su accionar, pero desde la fiscalía no vamos a dejar de hacer un requerimiento de instrucción cuando se trata de funcionarios públicos”, dijo.

En cuanto al proceso judicial, la fiscal dejó bien en claro que “igualmente todo es muy prematuro y recién se encuentra en su etapa de investigación. “La fiscalía hace una investigación preliminar fiscal en relación a una denuncia y si considera que hay un autor y hay merito para hacer un requerimiento de instrucción para una persona, la fiscalía hace la instrucción, le pide medidas al juez. Ahí recién comienza lo que se llama la instrucción, cuando se le cita al imputado con la defensa y se investiga si se cometió o no el hecho ilícito”.

La fiscal, que no quiso hacer futurología, informó que si se comprueban las denuncias contra Wernli “se hace un requerimiento de elevación a juicio y ahí se vuelve a reproducir toda la prueba y un juez decide si es culpable o no”.

En cuanto a la pena en sí, la misma podría ser con prisión en suspenso, o una multa. “Igualmente, todo esto es muy prematuro ya que ni siquiera se lo ha llamado a realizar una declaración indagatoria al intendente”, dijo Rangone, quien acotó que para poder citarlo para la declaración indagatoria, el juez tendría que pedir la suspensión de los fueros del mandatario municipal al Concejo Deliberante.

La suspensión del intendente, lo que le quitaría los fueros, se debía realizar por votación de los concejales, con una mayoría mínima de 5 contra 2. Sin ser experto, se puede conocer que mientras los ediles Carlos Herrera, Edgar Saade y Fabián Raninqueo no votaren afirmativamente, el intendente seguirá en su cargo. No obstante, el 11 de diciembre del año 2011 podría el juez juzgar al jefe comunal sin ninguna restricción.
Lo cierto es que si el juez lo llegara a encontrar culpable, la pena máxima que podría aplicársele sería de 2 años de presión en suspenso y la inhabilitación como funcionario público. Para que se haga efectiva la pena yendo a prisión debería sumarse a otra causa.