En una audiencia de procedimiento abreviado realizada el 20 de octubre, la fiscal del caso Rocío Rivero arribó a un acuerdo mediante el cual un hombre, J.A.M, aceptó cumplir una condena por lesionar a su expareja en un marco de violencia de género y además, desobedecer una orden judicial.

La representante del Ministerio Público Fiscal detalló los delitos por los cuales se acordó la responsabilidad y por los que se fijó la pena: lesiones leves agravadas por el vínculo y el género y desobediencia a una orden judicial, todo en concurso real y en carácter de autor (artículos 89 en función del 92 que remite al 80 incisos 1 y 11, 239, 45 y 55 del Código Penal).

En relación a la pena, Rivero expresó que el acuerdo comprendió un año de cumplimiento condicional y la imposición de las siguientes reglas de conductas durante el plazo de dos años: fijar residencia y mantener la misma; abstenerse de concurrir al domicilio de la víctima en Rincón de los Sauces, estableciéndose una prohibición de acercamiento de 100 kilómetros de la ciudad y de contacto por cualquier vía con la víctima; prohibición de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas; someterse a tratamiento psicológico con especial abordaje de la violencia de género y familiar; informar cualquier cambio de domicilio; y someterse al control de población judicializada.

De acuerdo a la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, J.A.M, agredió verbalmente a su expareja el 22 de septiembre de 2021 en la ciudad de Rincón de los Sauces. A raíz de este hecho, el juzgado multifuero dispuso al día siguiente la prohibición de acercamiento a 200 metros de la víctima y su domicilio y de ejercer cualquier tipo de actos de perturbación, intimidación o violencia cualquiera sea su forma. Luego, el 30 de noviembre cerca de las 5 de la tarde, el imputado fue a la casa de la víctima con lo que transgredió la orden judicial impuesta. Una vez allí se puso violento con la mujer y ejerciendo violencia de género la insultó, la golpeó y la lesionó.

La fiscal Rivero le manifestó a la jueza, que la víctima prestó conformidad para que el acuerdo pueda realizarse. La defensa del imputado fue ejercida por una defensora oficial.

La jueza de garantías que intervino en la audiencia homologó el acuerdo, declaró la responsabilidad penal y fijó la pena en un año de prisión de cumplimiento condicional. Además, la magistrada avaló las reglas de conducta.