El gobierno provincial reglamentó la ley 3106, que crea el cuerpo abogadas y abogados de las personas víctimas de violencia de género en todos sus tipos y modalidades.

La principal función de este cuerpo será brindar asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito -sin que sea requisito acreditar la carencia de recursos económicos- a fin de garantizar de manera rápida y efectiva el acceso a la justicia.

El decreto 1469/20 firmado por el gobernador Omar Gutiérrez; la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo; y el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, establece que la autoridad de aplicación de la ley será el ministerio de Gobierno y Seguridad, con la intervención de la subsecretaría de las Mujeres, dependiente del ministerio de Ciudadanía.

Entre otras funciones, la autoridad de aplicación llevará adelante el proceso de selección de profesionales que formarán parte del cuerpo de abogadas y abogados. Además, deberá desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, a fin de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial y difundir el servicio.

En paralelo, la subsecretaría de las Mujeres, junto con el Centro de Atención a la Víctima, dictarán capacitaciones en perspectiva de género y victimología, y calificarán a quienes sean aspirantes a formar parte del cuerpo de abogadas y abogados de las personas víctimas de violencia de género. Para la selección de los letrados, se solicitará la colaboración de los colegios de abogados y procuradores de cada circunscripción judicial, quienes propondrán listas de matriculados con especialidad en la materia.

Entre los principales requisitos, las y los aspirantes a formar parte del cuerpo deberán contar con un mínimo de dos años de ejercicio profesional, tener matrícula habilitada activa y otorgada por los Colegios de Abogados de la Provincia del Neuquén, acreditar especialidad en la materia con indicación de antecedentes laborales y académicos relevantes relacionados con la temática indicada, y aprobar la capacitación en perspectiva de género y victimología. Además, quienes integren dicho cuerpo no podrán ser empleados del Estado provincial, nacional o municipal, a excepción de los cargos de docencia.