La Cámara de Diputados de la provincia aprobó el miércoles 8 de noviembre por amplia mayoría y en general la ley que prohíbe el traspaso del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) al régimen nacional, como así también cualquier modificación de las condiciones jubilatorias establecidas en el régimen provincial.
Lo hizo con el voto positivo de 23 diputados del MPN, FpV, FN, FG, Libres del Sur, Adelante Neuquén, FR, UP-UNA, PTS-FIT y FIT. La ley obtuvo cinco votos negativos, aportados por el PRO, NCN y UCR.
La 24º sesión ordinaria del cuerpo comenzó a las 11 con la participación de 31 diputados y la presidencia de la vicepresidente 1° Alma Sapag. En la ocasión, tomaron estado parlamentario los proyectos de presupuesto de los tres poderes del Estado con moción de preferencia para que sean tratados en las sesiones del 6 y 7 de diciembre.
La ley que prohíbe el traspaso de la caja previsional provincial a la ANSES se votó en forma nominal, tras casi dos horas de debate. El diputado Maximiliano Caparroz (MPN), uno de los cuatro miembros informantes, sostuvo que la norma surge de una necesidad de los trabajadores del Estado que es ratificada por la Legislatura. Agregó que se trata de una ley “de alto contenido político para que no queden dudas que la caja jubilatoria no se toca ni se modifica”. A la vez, hizo eje en el marco normativo que la sustenta, a través de la Constitución Provincial y la Ley 611 de creación del ISSN. Su compañero de bloque, Claudio Domínguez, recalcó que el ISSN tiene 195 mil afiliados y recordó que el año pasado se registró un superávit de 910 millones de pesos. Pidió revisar la caja de jubilación de la municipalidad de Neuquén que, según mencionó, tiene un déficit de 70 millones de pesos.
El diputado Eduardo Fuentes (FN) se pronunció en contra de la armonización de la caja jubilatoria provincial y recordó que el 80% móvil está establecido en la Constitución Provincial, por lo que cualquier modificación requerirá de una reforma constitucional. Manifestó que la ley “es producto de la lucha denodada de los trabajadores del Estado” y contextualizó el intento de armonización en un marco de reformas impulsadas por el Gobierno Nacional que recortan derechos.
Por el FpV, Nanci Parrilli explicó que el Gobierno Nacional fijó un plazo de cuatro años para que las provincias armonicen sus cajas previsionales, que vence en el año 2020. En ese sentido, indicó que las provincias que no concreten la armonización dejarán de recibir auxilio financiero a partir del año 2021.
Desde el PTS-FIT, Raúl Godoy argumentó que la ley nacional Nº 27.260 de reparación histórica para jubilados y pensionados “es un chantaje” al condicionar a todas las provincias a la armonización de sus cajas jubilatorias y “atarlas” a la asistencia financiera de Nación.
El diputado Gabriel Romero (FR) ratificó la defensa de las actuales condiciones jubilatorias y se pronunció a favor de la búsqueda de alternativas “para paliar el posible déficit”. En ese marco, postuló la posibilidad de crear un fondo de sustentabilidad basado en el modelo noruego de jubilaciones con recursos provenientes de las regalías petroleras.
La diputada Patricia Jure (FIT) votó a favor de la ley aunque planteó críticas a la administración de la caja por parte del Poder Ejecutivo al considerar que los derechos “no quedan blindados”. En ese sentido, adelantó que durante el tratamiento en particular realizará aportes con “propuestas de blindaje” para hacer efectiva la norma.
El diputado Raúl Podestá (FG) expresó que “ninguna nueva ley puede ir en detrimento de los derechos” y advirtió que la caja previsional en manos del Gobierno Nacional “corre un enorme riesgo”. Al respecto, afirmó que “queremos y vamos a sostener la caja de jubilaciones en manos del ISSN”.
Por su parte, Santiago Nogueira (Libres del Sur) consideró que la ley permite subsanar la contradicción de la Legislatura en relación al ISSN que se dio con la sanción de una declaración en rechazo a cualquier modificación de las condiciones jubilatorias y de una adhesión a la Ley Nacional de Reparación Histórica que habla expresamente de la armonización. Asimismo, subrayó que “el déficit de la caja previsional no se va a solucionar teniendo a los trabajadores como variable de ajuste”.
El diputado Sergio Gallia (Adelante Neuquén) remarcó que la ley “es un verdadero cerrojo al sistema previsional neuquino”. En tanto, su par de UP-UNA, Carlos Sánchez, se expresó a favor de que “la variable de ajuste no sea el neuquino” y rescató que Neuquén es una de las provincias más solidarias con el resto del país.
En contra de la ley se pronunció el diputado Damián Canuto (PRO) quien afirmó que su bloque “no apoya el traspaso” de la caja provincial al sistema jubilatorio nacional y señaló que “esto empezó como un slogan de campaña electoral que luego se fue de las manos”. Acotó que la ley “es un placebo que poco y nada viene a solucionar los problemas que tiene el ISSN”.
Su compañera de bloque, Carolina Rambeaud, puso el foco en la necesidad de una administración de los recursos “transparente y ajustada a derecho”. Añadió que la armonización “no es un invento de este gobierno" y explicó que está contemplada en la Ley Nº 25.235, vigente desde el año 1999. Al referirse al déficit de ISSN, informó que en 2010 fue de 13 millones de pesos y en 2015 ascendió a 936 millones, que implicó un incremento de casi el 7.000%. En tanto, acotó que el año pasado Nación giró al ISSN 500 millones de pesos y por ello, el déficit fue de 208 millones. “Decir que el ISSN tiene las cuentas equilibradas es lisa y llanamente una mentira”, afirmó.
Desde la UCR, Alejandro Vidal no acompañó la iniciativa y pidió una mirada crítica “al manejo de los fondos de la caja previsional”. A la vez, se expresó a favor de “reivindicar el federalismo y los intereses de la provincia”.
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