La Cámara de Diputados de la provincia aprobó el miércoles 27 de septiembre la declaración Nº2.214 en rechazo a la pretensión de la provincia de Buenos Aires de resolver en sede judicial una temática política como la referida al Fondo del Conurbano Bonaerense y aprobó, por amplia mayoría, la comunicación Nº78 que expresa preocupación por el monto contemplado en el Presupuesto Nacional 2018 a la Universidad Nacional del Comahue; al tiempo que solicita al Congreso de la Nación que readecue las partidas y las incremente al valor presupuestado por la casa de altos estudios. Lo hizo en la 22º sesión ordinaria que comenzó pasadas las 10.45 con la participación de 31 diputados y la presidencia alternada del vicegobernador Rolando Figueroa, la vicepresidenta 1º, Alma Sapag; y el vicepresidente 2º, Javier Bertoldi.

La comunicación sobre la situación presupuestaria de la UNCo contempló la unificación de tres proyectos de distintos bloques, no obstante, no fue acompañada por los bloques del Pro, Nuevo Compromiso Neuquino y Oscar Smoljan de la UCR.

El diputado Sergio Gallia (Paden) explicó que el Presupuesto Nacional establece 95.317 millones de pesos para 56 universidades del país, de los cuales destina para la UNCo 2.068 millones, menos del 2% del total, cifra que calificó de “injusta”, considerando que la Universidad del Comahue ocupa el décimo lugar del ranking nacional en cantidad de alumnos activos (25 mil), investigaciones, programas, servicios a la comunidad y ofertas académicas en dos provincias. “A la educación pública hay que defenderla con buenos presupuestos”, agregó.

En similar sentido se pronunció Eduardo Fuentes (Frente Neuquino) quien remarcó la obligación “ética y política” de defender a los universitarios y dijo que se trata de una quita del 35% en relación al año anterior, lo que representa “una condena difícil de levantar”. El legislador pidió además, consideraciones diferenciales ante la vasta extensión territorial patagónica. En tanto, desde el PTS/FIT, Raúl Godoy afirmó que el problema de la UNCo data de muchos años y con el “recorte presupuestario, la aniquilamos”, motivo por el cual solicitó una audiencia pública en la Legislatura para debatir la problemática de fondo.

Por su parte, Nanci Parrilli (FPV) dijo que no se trata de un debate sobre fondos sino “sobre si queremos una universidad con igualdad de oportunidades para acceder o una universidad para unos pocos”. Por su parte, Alejandro Vidal (UCR) pidió poner en relieve la función social de la universidad pública y en particular la del Comahue, y despojar el debate de argumentos político-partidarios. Finalmente, por el MPN, Ramón Soto se manifestó a favor de que la universidad pueda sentirse respaldada por la voluntad política de sus legisladores para recibir más recursos.

Al fundamentar el voto en contra, desde el Pro, Carolina Rambeaud lamentó que la iniciativa no se haya debatido en comisión, lo que habría permitido el análisis con distintos organismos especializados. Además, criticó al gobierno anterior “porque dejó a las universidades nacionales al borde del colapso económico”, por caso mencionó que la Unco recibió un 38% menos en el año 2016. En igual sentido, dijo que la media nacional de gasto por alumno universitario es del orden de 3.114 dólares por alumno, mientras que en la UNCo es de 3.200, y que la UBA recibe hasta mil dólares menos. Asimismo, criticó la distorsión en la asignación de recursos entre distintas unidades académicas nacionales durante el gobierno anterior. “Comparto la preocupación de trabajar por la defensa la universidad pública, gratuita y universal pero parece que hay una utilización electoral y oportuna que contamina la verdadera discusión que es la defensa de la escuela pública y la tremenda deserción escolar”, finalizó.

En similar sentido se pronunció Juan Monteiro desde Nuevo Compromiso Neuquino, quien manifestó preocupación porque hace mucho tiempo que “se viene cayendo a pedazos la infraestructura de la universidad”. En ese sentido criticó a las autoridades actuales por la falta de un relevamiento interno y la incorporación de personas con elevados sueldos y sin funciones asignadas. “Quiero decirle a su titular que no está al frente de una Unidad Básica”, sino de una institución con fondos públicos, sentenció.

Por otra parte, el cuerpo aprobó la declaración Nº2.214 en rechazo a la pretensión de la provincia de Buenos Aires de resolver en sede judicial una temática política como la referida al Fondo del Conurbano Bonaerense. La declaración respalda al Poder Ejecutivo provincial en la defensa irrestricta de los recursos provinciales.

El diputado Mario Pilatti hizo una reseña histórica sobre su origen y recordó que data del año 1992, ocasión en la que se sancionó la Ley Nacional Nº 24.073 a través de la cual se resolvió que el 10% de la recaudación en concepto de impuesto a las ganancias se destine a la provincia de Buenos Aires; el 4% a las 22 provincias y el 2% a un ATN. Acotó que en 1996 las provincias acordaron con el Gobierno Nacional fijar un tope a la provincia de Buenos Aires de 650 millones de pesos y decidieron que el excedente se coparticipe entre el resto de las jurisdicciones.

Pilatti señaló que con la reforma constitucional de 1994 se “constitucionalizó” el régimen de coparticipación a través del artículo 75, inciso 2) y en el inciso 3) se determinó que el Congreso podrá establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado y por mayoría agravada. En ese marco, sostuvo que “es una decisión política, no técnica” y consideró que “sería malo para el federalismo argentino que la Corte Suprema de Justicia se preste a este atajo; esto debe resolverlo el Congreso”. Añadió que en la actualidad, el 10% de recaudación asciende a 53 mil millones de pesos, que equivalen a un presupuesto anual de la provincia del Neuquén.

En tanto, el diputado Damián Canuto (PRO) desestimó su acompañamiento y calificó la declaración de “oportunista”, por tratarse de un planteo judicial realizado un año atrás. Consideró inapropiado que se niegue la posibilidad de recurrir a la justicia porque, opinó, equivale a negarle la organización republicana y cuestionó que se intente posicionar a las provincias como adversarias.

A su turno, la diputada Nanci Parrilli (FpV) señaló que es una discusión política que debe darse en el Congreso y manifestó su interés en que el acompañamiento también se dé en temas que tienen que ver con la defensa de recursos.

Por otro lado, Eduardo Fuentes (FN) pidió que el fiscal de Estado de la provincia se presente como tercer interesado en la causa en la Corte Suprema de Justicia, “porque son los intereses de la provincia los que están en juego”. A la vez, consideró que “hay una ambigüedad porque hay un pronunciamiento político pero falta una acción concreta”.