El senador adelantó su voto durante el debate de la Ley, y pidió anticipó el pedido de cambios durante su tratamiento en particular.

El senador de la Nación, Guillermo Pereyra, adelantó el miércoles 16 de noviembre su voto positivo durante el debato en el Senado de la declaración de Emergencia Social en todo el país, por el período de un año.

El senador neuquino explicó que acompañaba el proyecto “desde el convencimiento de que vamos a incluir a quienes están excluidos”; y explicó que firmó el dictamen en disidencia parcial para proponer modificaciones durante su tratamiento en particular.

La iniciativa establece un refuerzo del 15% para las asignaciones sociales por ese lapso de tiempo; y además, dispone la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo a través de planes sociales para cooperativas y mutuales.

Respecto a los cambios sugeridos por el senador, dijo que “hay errores, porque este proyecto habla de trabajo pero lo único que vamos a hacer es aprobar una ley que va a abrir nuevamente la industria del juicio”; y pidió cambiar el texto de la Ley para que hable de “subsidio” para la reinserción laboral, por no aplicarse sus términos a lo que dicta la Ley de Contrato de Trabajo.

“Entiendo que tenemos que aprovechar esta gran oportunidad, porque en un mundo como el que vivimos no podemos pensar que la inserción laboral puede salir únicamente por una ley”, se explayó y aclaró que lo que pretende la ley, justamente, “es la reinserción laboral de aquellas personas que no tienen trabajo a través de la capacitación”.

En un debate de más de dos horas, el Senado dio media sanción, y giró a Diputados, la iniciativa que dispone un aumento del 15% para la Asignación Universal por Hijo y para la Asignación por Embarazo. La iniciativa, impulsada por organizaciones sociales, fue presentada por los senadores Juan Manuel Abal Medina, Teresita Luna (PJ-FpV) y Jaime Linares (GEN).

Desde el Gobierno nacional hay una fuerte resistencia a la ley, por la cual marcharán este viernes al Congreso distintas agrupaciones junto a la CGT. Desde el oficialismo advierten que la implementación tendrá un costo fiscal de alrededor de 50 mil millones de pesos.

En tanto, en la Cámara baja la oposición se encuentra trabajando un proyecto para financiar los gastos a través de impuestos al juego y a la renta financiera.

Además, la propuesta prevé la creación de un millón de puestos de trabajo, bajo el Programa de Ingreso Social con Trabajo, y la conformación de un Consejo de la Economía Popular para que intervenga en la fijación de un Salario Social Complementario que permita alcanzar un Salario Mínimo, Vital y Móvil a los trabajadores más vulnerables.

Autor de la iniciativa, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) afirmó que la propuesta tiene como origen “un reclamo social concreto” de “diversos sectores” que luego de la marcha del 7 de agosto día de San Cayetano- trasladaron el reclamo al Congreso.

El senador dijo que la “necesidad” es “muy urgente” y que a través de esta ley “estamos empezando a dar un paso muy importante para pasar del plan social” al “fomento del trabajo de la economía popular, a generar empleos genuinos”.

Explicó que el proyecto “supone la reasignación de un conjunto de partidas del presupuesto”. “El Estado tiene que apoyar a la economía popular”, enfatizó y consideró que “un sector importante de la Argentina tiene que ser tenida en cuenta”.

“Este Senado va a estar a la altura de las circunstancias en este momento difícil que está atravesando nuestro pueblo”, agregó.