La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia aprobó el martes 30 de agosto el despacho que modifica el artículo Nº 114 del Código Procesal Penal, en lo relativo a la prisión preventiva. La reforma incorpora pautas orientativas para que el juez decida sobre el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, e introduce como nueva causal el riesgo para la integridad de la víctima o de su familia.

El presidente de la comisión, Mario Pilatti (MPN), dijo que con la reforma “estamos dando respuesta a los dos poderes del Estado que nos estaban pidiendo esta modificación y a las expectativas de la sociedad que nos pidió que revisemos este aspecto del Código”.

La iniciativa obtuvo 9 votos favorables aportados por el MPN, Unión Cívica Radcial, Frente Integrador Neuquino, (FRIN), Pro, Frente y la Participación Neuquina-Unión de los Neuquinos (UNE-FPN) y Adelante Neuquén. La modificación incorpora como elementos para que el juez decida acerca del peligro de fuga, el arraigo del imputado y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; las características del hecho y la pena esperada; la solidez de la imputación formulada respecto del imputado y la calidad de la prueba en su contra; y el comportamiento durante el procedimiento.

En tanto que para decidir sobre el peligro de entorpecimiento, el juez tendrá en cuenta la presunción de que el imputado pueda destruir o modificar elementos de prueba; influir para que co-imputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducir a otros a adoptar ese comportamiento.

Para decidir sobre el riesgo hacia la integridad de la víctima o su familia, el magistrado valorará la existencia de amenazas o hechos violentos y el incumplimiento de otras medidas cautelares no privativas de la libertad que se hayan ordenado en protección de la víctima, previstas en el artículo Nº 113 del Código Procesal Penal y en las leyes de violencia familiar y de prevención de violencia contra las mujeres.

Pilatti explicó que el despacho “tiene como eje el desarrollo de las causales universalmente conocidas para la disposición de la prisión preventiva” y lo enmarcó en las particularidades del Código vigente que establece los principios de peligro de fuga y de entorpecimiento del proceso pero sin ningún tipo de orientación. Agregó que con esta reforma “los jueces deberán considerar una lista de determinaciones que son imperativas pero no excluyentes”, por lo que aclaró que no son las únicas posibles y subrayó que la intención es “legislar preservando el grado de autonomía que tienen que tener los jueces para resolver”.

Desde el Frente para la Victoria (FpV), Guillermo Carnaghi planteó que si bien el texto propuesto otorga una respuesta al poder Ejecutivo y al Tribunal Superior de Justicia, no hace lo mismo con las demandas de la sociedad. A la vez, advirtió como elementos importantes para tener en cuenta la posible inconstitucionalidad y que es apresurado realizar una modificación a dos años de implementado el Código.

Por el Pro, el diputado Damián Canuto consideró que la propuesta no atenta contra la libertad de defensa ni cuestiona el principio de la presunción de inocencia, a la vez que planteó que tampoco cambia “el garantismo del sistema”. En tanto, expresó su preocupación por “el fantasma del reclamo social” que se planteó en la discusión, sobre lo cual acotó que no le queda claro cuál es ese reclamo, y también se refirió a las consideraciones vertidas en el debate sobre el juicio directo y el plazo de detención.

La diputada Teresa Rioseco (UNE-FPN) enmarcó su posición en los problemas de seguridad de Cutral Co y expresó que la sociedad local viene pidiendo que adopten “otras medidas”. Su par del Partido de los Trabajadores Socialistas-Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Raúl Godoy, argumentó su postura en contra de la modificación en que el Código Procesal Penal es “clasista” y opinó que la demanda social “es una especie de efecto linchamiento”, en el que “es más fácil condenar al pequeño delito y los grandes delitos se mantienen impunes”.

En tanto, el diputado Alejandro Vidal (UCR) sostuvo que la modificación resuelve un tema de política criminal y en ese sentido, advirtió que “estamos tratando de tapar un agujero con una reforma que es procesal”. Adelantó que su voto positivo era para no postergar el debate pero dijo que eso no implicaba la misma decisión en el recinto.