La Comisión de Producción, Industria y Comercio de la Legislatura recibió el martes 24 de mayo a tarde a la directora provincial de Defensa del Consumidor, Laura Vargas, quien detalló las acciones impulsadas desde el organismo en materia de derechos del usuario y del consumidor. La invitación surge a instancias de un proyecto de ley del diputado Gabriel Romero del Frente Renovador (FR) que contempla la creación de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor en el ámbito del Ministerio de Ciudadanía del Poder Ejecutivo Provincial.
La funcionaria explicó que el Gobierno, en esta gestión, jerarquizó a la dirección de Defensa del Consumidor, elevándola de Dirección General a Dirección Provincial, permitiendo ampliar su estructura y capacidad de funcionamiento para “continuar educando al vecino, concientizándolo de sus derechos”. Dijo que están en una etapa de reestructuración del organismo y acordó con la iniciativa del diputado Romero al señalar que de ese modo “estaríamos a tono con la tendencia mundial a jerarquizar los derechos de los consumidores, precisamente en un tema tan sensible como son los precios, las ofertas”.
En ese sentido admitió que Neuquén debería actualizar su normativa en relación a la nacional, que es más moderna y concuerda con los cambios mundiales que se producen en la materia. En la actualidad, Neuquén se rige por la Ley N° 2.268 que adhiere a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa y Protección de los Consumidores, derecho que también se refleja en el artículo N° 42 de la Constitución Nacional de 1994.
Durante su exposición sobre el trabajo que se realiza desde la Dirección, Laura Vargas, enumeró los sectores que generan mayor cantidad de reclamos de la ciudadanía: telefonía celular, planes de ahorros, contratos de adhesión, empresas de electrodomésticos, cobros indebidos de tarjetas de crédito, servicio técnico general o garantías, entre otros. “Los reclamos a hipermercados surgen más bien de las inspecciones que se realizan al lugar”, agregó.
Destacó como “un orgullo” la celeridad del trabajo actual, “desde que se presenta un expediente en el organismo hasta el día en que se fija la audiencia donde no pasan más de 20 días”. “La estructura actual de trabajo añadió- es a través de un procedimiento administrativo regido por ley, recibimos el reclamo y somos un instrumento conciliador para darle soluciones a la persona que plantea un problema al considerar al usuario la parte débil, en desventaja, frente a un proveedor”, explicó.
Señaló que el área cuenta con 3 direcciones generales: Comercio Interior: encargada de realizar tareas de inspección y control de precios; Derecho del Consumidor: que educa y concientiza a la población y la Dirección de Legal y Técnica conformada por abogados que elaboran dictámenes previos a la resolución definitiva.
También aclaró que “la normativa nuestra nos permite sanciones por incumplimiento por parte del proveedor, pero no podemos definir una daño resarcitorio para el reclamante particular”.
Por último, ante una pregunta del diputado Francisco Rols (FRIN) de cómo se canalizan las situaciones en el interior de la provincia, Vargas explicó que en la actualidad hay convenios celebrados entre el Ministerio de Ciudadanía y algunos municipios y cuentan con delegaciones en Plaza Huincul, Chos Malal, Junín y San Martín de los Andes.
Estuvieron presentes los diputados Alejandro Vidal, Carlos Koopmann, Maximiliano Caparroz, Francisco Rols, Juan Monteiro, Sergio Gallia, Gloria Sifuentes, Carlos Sánchez, Pablo Bongiovanni y Teresa Rioseco.