La comisión de Ambiente y Recursos Naturales resolvió el 21 de mayo enviar una nota al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para solicitar información sobre la aplicación en las distintas provincias de la ley nacional de acceso a la información ambiental -N° 25831- y hará lo propio con la Secretaría de Ambiente provincial. Lo decidió a propuesta de la presidencia del cuerpo, en el marco de un proyecto de ley sobre libre acceso a la información ambiental.
La presidenta de comisión, Graciela Muñiz Saavedra (MPN), se mostró de acuerdo con el marco general del proyecto y se pronunció a favor de una mayor socialización de la información que resaltó- redundará en un cambio de actitud de las empresas y la población.
El diputado José Rioseco FyPN-, uno de los autores del proyecto, explicó que el objetivo de la iniciativa es ayudar a mejorar la conciencia y transparencia pública, al tiempo que amplía la base de datos de la provincia.
En tanto, el cuerpo acordó continuar trabajando sobre el proyecto de ley que crea una Junta de Control de Impactos Ambientales de la actividad hidrocarburífera, integrada por diputados, miembros del Poder Ejecutivo y comunidades originarias.
El autor del proyecto, Rodolfo Canini (FG-NE), indicó que la iniciativa surgió a partir del acuerdo entre YPF y la provincia que generó “pánico mediático”. A la vez, advirtió sobre la necesidad de generar organismos de control y brindar herramientas informativas a la sociedad.
En tanto, Muñiz Saavedra recordó que el decreto Nº 1208, de aprobación del acuerdo entre YPF y la provincia de Neuquén, creó una comisión con funciones de control integrada por representantes de la empresa y la secretaría de Ambiente. Su compañero de bloque Claudio Domínguez consideró que el proyecto incurre en una violación “alevosa” de la independencia de poderes al entrometerse en tareas propias del Poder Ejecutivo. A la vez, aclaró que cualquier legislador puede ir a controlar pozos petroleros en la actualidad, sin necesidad de crear una estructura.
Por su parte, Beatriz Kreitman (CC ARI) consideró que la creación de mecanismos de control es una herramienta legislativa válida; reclamó por su proyecto de fiscalías ambientales -acordado para próximo tratamiento en Comisión- y propuso generar un órgano de contralor provincial similar a la Auditoría General de la Nación. Desde el PJ, Pablo Todero pidió el tratamiento de los proyectos para crear el Defensor del Pueblo de la provincia como guardián de derechos colectivos como el ambiental.
Daniel Andersch (MPN) invitó a los que tengan dudas a recorrer los pozos hidrocarburíferos, junto a los trabajadores, a quienes caratuló como los “custodios más celosos del cuidado ambiental” y criticó que la Junta propuesta solo esté integrada por diputados de la oposición.
Por su lado, Silvia de Otaño (MPN) se mostró de acuerdo con una estructura que brinde información certera y con fundamento científico.
En último término, se decidió debatir el acta de la reunión del 4 de abril pasado de la Comisión Legislativa Interprovincial de Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro -creada por ley 2726- la semana entrante.
Estuvieron presentes los diputados Graciela Muñiz Saavedra, Rodolfo Canini, Silvia de Otaño, Daniel Andersch, Claudio Domínguez, Pablo Todero, José Ríoseco, Darío Lucca, Beatriz Kreitman y Jesús Escobar. (Prensa Legislatura).