La Prefectura Naval Argentina allanó el pasado domingo cuatro prostíbulos en nuestra ciudad y en uno de ellos, “Mayra”, imputó a la presunta regente y propietaria del local, junto con un hombre que sería su colaborador.

Ambas personas fueron notificadas del inicio de la causa en su contra, pero no quedaron detenidas.

En el local, que funcionaba en el acceso sur de Rincón de los Sauces, se encontró a dos mujeres mayores de edad que presuntamente eran forzadas a ejercer la prostitución una argentina y otra oriunda de Paraguay quienes fueron rescatadas y puestas bajo la asistencia del personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las víctimas de trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Cabe recordar que en la madrugada del pasado domingo 19 de enero, desde la 1 de la mañana, cuarro locales de Rincón de los Sauces fueron allanados por personal de Prefectura Naval Argentina a pedido del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de la ciudad de Neuquén a cargo del Dr. Santiago E. Maldonado.

Según se pudo conocer los locales que sufrieron un procedimiento en busca de trata de personas fueron Brujas y Mayra, ambos localizados al ingreso a la ciudad sobre Ruta 6 en el Parque Industrial III, Cerezo en calle Chos Malal y Av.30 de Octubre, y Sahara Night Show en calle Puesto Lara, en cercanías al camping municipal.

En el escrito que fuera dejado oportunamente, en al menos en uno de los locales y que El Periódico de Rincón tuvo acceso, constaba que se procedía a notificar que “quedaban supeditados a la causa indicada- caratulada N.N. S/Infracción artículo 145 bis, párrafo sustituido por artículo 25 de la ley 26842”.

La ley en cuestión, que actualiza leyes anteriores, en su artículo 25 indica en el artículo 145 bis que “será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima.”.

De acuerdo a relatos de varios testigos, en el procedimiento realizado por prefectura, se presentaron en los locales rodeándolos, accediendo por diversas puertas o accesos, forzándolas en caso de estar cerradas, efectivos encapuchados con pasamontañas cubriendo sus rostros y fuertemente armados, para realizar la tarea encomendada por el juez.

En las órdenes impartidas por el magistrado se aclara que debían individualizar e identificar a todas las personas que se encuentren presentes en el interior del inmueble en el momento de materializarse la medida, debiéndose constar si trabajan en el lugar, el rol que desempeñan y nombre fantasía con el que se hacen conocer, constatación de los ambientes, recintos y dependencias internas, ilustrando mediante croquis, tomar fotografías y en si es posible filmar todas las actuaciones realizadas.

También fue solicitado que se identifique a quienes resulten propietarios, encargados o personal de seguridad de los locales registrados, dando a entender que se tenía información que debía ser constatada, tomar declaración a los consumidores de servicios sexuales, comprobar la existencia de mujeres, menores o mayores de 18 años que se encuentren ofreciendo servicios sexuales o ejerciendo la prostitución, procediendo a su identificación y determinación de sus domicilios reales.

En los escritos entregados como copia, que rondan casi 10 páginas, se pide asimismo se secuestren computadoras, libretas sanitarias, teléfonos celulares, agendas, indumentaria, lencería, y todo material destinado a ser empleado para llevar a cabo encuentros sexuales.

Lo cierto, que concluyendo con la labor, los locales fueron clausurados, aunque ningunos de sus empleados o clientes fueron demorados o encarcelados, no se encontraron menores de edad, y solamente a algunas personas les indicaron que debían comparecer en la ciudad de Neuquén, en la Fiscalía Federal en calle Elordi 176, a fin de brindar supuestamente una declaración.